¿Qué es el Compliance Legal?

El Compliance o Cumplimiento Normativo consiste en la creación de un conjunto de políticas o procedimientos que tienen el objetivo principal de hacer cumplir con el marco normativo aplicable.

Se trata de prevenir comportamientos antijurídicos (delictivos, especialmente) en el seno de la organización cuya responsabilidad puede llegar a recaer sobre la misma mediante una pena o sanción.

Hace poco más de seis meses que se publicó la norma UNE 19601.

 

Dicha norma establece los requisitos o exigencias que ha de cumplir el sistema de Compliance implantado en la compañía para que la misma acceda a la posibilidad de ser certificada por tercero independiente. Estos condicionantes suponen un meticuloso y ordenado proceso de análisis de la organización que NO culmina con la entrega de un manual estándar sobre prevención de delitos. Se ha de tratar, y así lo exige la norma UNE, de un proceso absolutamente personalizado al caso concreto, sin perder de vista que, más allá de la evidente seguridad que aporte la certificación, son los tribunales los destinatarios finales del sistema implantado, valorando la efectividad del mismo.

 

Debemos recordar que la certificación se emite con carácter previo a una eventual acción delictual, mientras que la valoración de los tribunales no se produce hasta una vez cometido el delito. Es en este punto donde se evidencia la importancia de evaluar con carácter periódico la eficacia del sistema implantado, recordando que ha de ser un sistema vivo y en constante actualización, renovando todos aquellos aspectos que no funcionen bien o hayan quedado obsoletos.

 

La norma UNE 19601, que se alimenta de la norma ISO 19600 (estándar internacional), cuenta con una característica importante que la diferencia de ésta: la primera sí es certificable, lo que tiene una consecuencia: la ISO se refiere a buenas prácticas, es decir, se trata de recomendaciones. Mientras que la UNE es mucho más exigente y establece requisitos concretos a cumplir para acceder a la certificación.

+ Datos de interés

  • Ayuda a prevenir la comisión del delito
  • Constituye una prueba ante un eventual procedimiento judicial: exención de la pena
  • Favorece la imagen externa de la empresa
  • Contribuye a prevenir/evitar riesgos reputacionales
  • Genera confianza en los clientes
  • Incrementa las posibilidades de contratación con Administraciones Públicas
  • Necesario para obtener financiación de algunos organismos internacionales

El Código Penal establece un numerus clausus de delitos que, POR AHORA, son los siguientes::

  • Tráfico y trasplante ilegal de órganos (artículo 156 bis CP)
  • Trata de seres humanos (artículo 177 bis CP)
  • Delitos relativos a la prostitución, explotación sexual y a la corrupción de menores (artículos 187 a 189 CP)
  • Descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197 a 197 ter CP)
  • Estafas y defraudaciones (artículo 248 CP)
  • Frustración de la ejecución (artículos 257 a 258 bis CP)
  • Insolvencias punibles (artículos 259 a 261 CP)
  • Daños informáticos (artículo 264 CP)
  • Delitos relativos a la Propiedad Industrial (artículos 273 a 277 CP), Intelectual (artículos 270 a 272), al Mercado y a los Consumidores (artículos 278 a 286)
  • Blanqueo de capitales (artículo 301 CP)
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (artículos 305 a 310 bis CP)
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis CP)
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP)
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículos 325 a 331 CP)
  • Delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes (artículo 341 CP)
  • Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes (artículo 348 CP)
  • Delitos contra la salud pública y relativos a las drogas (artículos 366 y 369 CP)
  • Falsedad en los medios de pago (artículos 386 y 399 CP)
  • Cohecho (artículos 419 a 422 CP)
  • Tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP)
  • Corrupción en los negocios (artículos 286 bis a 286 quater CP)
  • Financiación del terrorismo (artículo 557 CP)
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores (artículo 318 CP)
  • Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 510 CP)
  • Financiación ilegal de partidos políticos (artículo 304 CP)
  • Delitos societarios (artículos 290 a 297 CP)

Las penas y sanciones aplicables a las personas jurídicas (artículo 33.7 del Código Penal) son las siguientes:

  • Multas por cuota o proporcional, según los casos, desde uno a cinco años, o hasta el quíntuple del beneficio obtenido o el perjuicio causado.
  • Disolución de la persona jurídica, con pérdida de su capacidad de actuar en el tráfico jurídico o llevar a cabo cualquier clase de actividad.
  • Suspensión de actividades por plazo máximo de cinco años.
  • Clausura de locales y establecimientos por plazo máximo de cinco años.
  • Prohibición, temporal o definitiva, de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar en el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social, por plazo máximo de quince años.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por tiempo máximo de cinco años.

Uno de los aspectos más novedosos de la reforma de 2015 es la regulación de los modelos de cumplimiento normativo, estableciéndose, además, la exención de la persona jurídica (en caso de no haberse logrado evitar la comisión del delito) si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. Que la organización cuente con un programa de Compliance que contenga las medidas idóneas para prevenir delitos.
  2. Que se lleve a cabo la supervisión del funcionamiento y cumplimiento de dicho modelo.
  3. Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente el modelo de cumplimiento.
  4. Que la supervisión, vigilancia y control de las personas al cargo haya sido la correcta.

Si solo se cumplen algunas de las condiciones enumeradas, entonces estas actuaran como eximentes o atenuantes, según el caso, de la pena o sanción.

Estas condiciones han sido desarrolladas en detalle en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, en la que podemos observar una gran preocupación por los programas de Compliance puramente estéticos cuyo único objetivo es evitar la posible sanción penal, considera que el propósito de los mismos debe ser el de generar una auténtica cultura empresarial ética y del cumplimiento. También se refiere a la utilidad de las certificaciones de idoneidad expedidas por terceros, estableciendo que las mismas serán apreciadas como un elemento adicional más que regulará la determinación de la pena en caso de que se llegue a cometer el delito. Es decir, podrán ser valoradas como un elemento adicional que pruebe la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal a las empresas que hayan implantado el modelo, siempre y cuando el mismo cumpla con los requisitos de la norma UNE 19601  para una correcta gestión de los sistemas de Compliance.

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